EL DERECHO A LA VIVIENDA ES UNA INCERTIDUMBRE PARA EL VECINDARIO DE LA COSTANERA SUR

Los pobladores de los asentamientos Arazaty y Caridi reclaman a la Municipalidad seguridad sobre su reubicación; al Invico, planes habitacionales accesibles a su situación socio-económicas. Los que son propietarios, y que tienen su terreno sobre las trazas de las calles, temen por posibilidad implícita de expropiación. El negocio inmobiliario tienta con ofertas irresistibles que rondan los 600 pesos el metro cuadrado de terreno. Mientras tanto, nadie se ocupa ni discute sobre una forma cultural, social y económica de vida que se extinguirá.

1- Un total de 73 familias están afectadas por el posible traslado a los barrios Patono y 3 de Abril, sobre lo que no tienen seguridad. De las cuales 53 son del Arazaty y el resto del Caridi. Ninguno es propietario. Muchos viven en el lugar hace más de 20 años.

2- Incertidumbre es lo que reina entre los vecinos del barrio Caridi. Allí las 53 familias que están asentadas en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, no tienen esclarecimientos justo de qué significa y cómo será sus traslados cuando las calles que darán salida a la futura “Costanera Sur”, pase sobre sus casas.

3- La otra imposibilidad que afecta a esta gentes, es la de acceder aun plan de viviendas, acorde y digno; por lo que vienen pidiendo al Invico el acceso a un Plan de Vivienda de Ayuda Mutua. Por otro lado existe también el miedo y la inseguridad de los propietarios de terrenos, que temen la expropiación de sus terrenos que se hallan sobre la traza de las calles.

4- Las tentaciones del negocio inmobiliario: La alta rentabilidad del negocio inmobiliario en el barrio es una realidad, con la cual conviven los residentes del Arazaty. En estos vecinos convergen los temores por juicios por impuestos impagos y la venta de estos terrenos que hoy están tasados en sumas que oscilan entre los 100 mil y 300 mil pesos. El año pasado un proyecto de liberación de las trazas de las calles General Paz, Necochea, Las Heras y Lamadrid se giró al Concejo Deliberante. Sin embargo, el legislativo comunal, envió al Ejecutivo Municipal para que realice las revisiones correspondientes. La preocupación entre los vecinos que son propietarios es alta, ya que tiene implícita la posibilidad de expropiación de los terrenos que se encuentran en las líneas de estas calles.

Por ejemplo, José Ramírez tiene parte de su terreno en la traza de calle Las Heras, y no recibió ninguna notificación desde la Municipalidad que le informe sobre la situación de su terreno. Si bien no hay un número exacto sobre la cantidad de propiedades que podrían estar afectados por la medida, los residentes estiman que hay al menos tres propiedades en la línea de las calles mencionadas. Esta medida incitó a que algunos vecinos pongan en venta sus propiedades, donde el metro cuadrado tasó a 600 pesos. “Si es necesario no vamos a comer para mantener la tierra de nuestro padres”, señala Noemí, ante una posible suba de impuestos, en la flamante zona residencial especial.

5- Las obras de la futura Costanera Sur, no sólo modificaron la fisonomía de la rivera sureña del Paraná, sino que también provocó reacciones encontradas entre los habitantes de ese conglomerado social, la sociedad correntina y los Estados. Mientras tanto, las 53 familias emplazadas en terrenos fiscales reclaman a la Comuna, detalles sobre su proceso de traslado, que esta prometió, a principios del año pasado, gestionar la mudanza de estos vecinos a los barrios Patono y 3 de Abril, en donde se construirían viviendas.

6- Los vecinos afectados no recibieron, aun, certezas sobre la fecha de reubicación. Tampoco sobre la forma de pago de las viviendas, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar una vivienda a un monto aproximado de 140 200 pesos durante un periodo de 3 o 40 años; que son los planes actuales del Invico.

7- Es por ello que piden al Invico un la puesta en marcha del plan Epam (Esfuerzo para la Ayuda Mutua), ya que las cuotas de este plan es hasta en un 50 por ciento inferiores.

‘Queremos encontrar una solución porque las obras están avanzando y nos vamos a quedar sin un lugar donde vivir‘, manifesta Mirta Silva, quien vive hace 13 años frente a la rivera sur del Paraná.